Es el símbolo más claro de que aún hoy, a casi 30 años de
vida democrática en la Argentina, hay sectores vinculados a la última dictadura
militar, que siguen actuando con la misma impunidad que en aquella noche oscura
de nuestra historia. El 18 de septiembre de 2006, apenas un día antes de que se
conociera la condena a perpetua contra el genocida Miguel Etchecolatz, un grupo
de tareas secuestró a Julio López, testigo clave en el juicio contra el
represor. A cinco años de aquel hecho, todavía buscamos a Julio y exigimos
justicia y castigo para los responsables.
Jorge Julio López nació en General Villegas, el 25 de
noviembre de 1929. Desde joven debió salir a trabajar, primero como empleado
rural y luego como albañil. Con 33 años se casó y se instaló en una casa
construida por él mismo en Los Hornos, en las afueras de la ciudad de La Plata.
De extracción peronista, Julio López recién comenzó su
militancia política en 1973, al sumarse a la unidad básica Juan Pablo Maestre,
que recordaba a un compañero caído en 1971 y que pertenecía a las FAR, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.
Pese a la distancia generacional que existía entre Julio y el
núcleo central de la unidad básica, el albañil de Los Hornos tuvo una activa
participación en el espacio político.
Al producirse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
todos los espacios de militancia fueron blancos para las fuerzas represivas.
Cientos de unidades básicas, de comités o de locales partidarios fueron
atacados, saqueados y destruidos. En la noche del 27 de octubre de 1976, le
tocó el turno a la unidad básica Juan Pablo Maestre, que fue incendiada por la
patota represiva. Muchos de sus miembros fueron encarcelados, entre ellos Julio
López.
Julio permaneció 160 días desaparecido y bajo constantes
torturas. Luego de varios traslados y de ver la muerte de numerosos compañeros,
Julio fue blanqueado y puesto a disposición del Ejecutivo Nacional. En esa
condición fue alojado en la Unidad 9 hasta el 25 de junio de 1979, en que
recobró su libertad.
Si bien en un principio el gobierno de Raúl Alfonsín había
impulsado los juicios contra las juntas militares, este afán justiciero quedó
prontamente abandonado con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así,
el único camino posible fueron los denominados juicios de la verdad, que
permitieron conocer lo ocurrido durante la dictadura, por más que ello no se
tradujera en consecuencias penales para los genocidas. En aquellos juicios,
López brindó informaciones claves para la causa denominada como el “circuito
Camps”, en alusión al jefe de la bonaerense de entonces.
Cuando en el 2003 el gobierno nacional impulsó la política
de memoria, verdad y justicia, esta causa se transformó en una de las
principales. Así, fue llevado a juicio el ex Director general de investigación de la bonaerense Miguel Etchecolaz. Una vez
más, López prestó su testimonio clave, pero también actuó como querellante
contra el represor. Un día antes de la sentencia, el 18 de septiembre de 2006,
una patota impune lo volvió a secuestrar, dejando en evidencia que, pese a
todo, los genocidas aún siguen actuando.
Pablo Camogli