En la sesión del jueves los legisladores dieron voto afirmativo para
dejar aprobado el informe redactado por la Comisión Especial
Investigadora de la Deuda Pública, un trabajo metodológico - científico
de investigación que refleja la génesis del endeudamiento provincial,
clave para entender los impactos económicos, sociales y políticos
provocados por decisiones erróneas en materia de financiación del gasto
público adoptadas durante la década del ‘90.
Titulado
“Historia de un ilícito de lesa economía”. “Daño patrimonial
generacional”, el informe contrasta los diferentes modelos
gubernamentales de política fiscal que se aplicaron en Misiones entre el
10 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2009, con una mención
especial al proceso de desendeudamiento que ha concluido en el año 2010
con la refinanciación del último tramo de la deuda con el gobierno
nacional.
La
Comisión presidida por el diputado José Garzón Maceda fue creada en
mayo del 2005, con el objetivo de determinar el monto, origen, destino y
aplicación de las operaciones de empréstito realizadas por el gobierno
de la provincia. En el año 2006 se le agrega como función el análisis
de todas las privatizaciones y en 2010 la Legislatura, por decisión de
Carlos Rovira, prorroga la vigencia de la Comisión con miras a la
finalización del proceso iniciado años atrás y la puesta en valor de la
información recopilada con destino a ser socializada públicamente.
La
redacción del informe final llevó más de 15 meses y para ello los
legisladores analizaron documentación de Tesorería, Tribunal de Cuentas,
Contaduría General, Ministerio de Hacienda, Fiscalía de Estado y
versiones taquigráficas, pues funcionarios de los organismos señalados
acudieron en 2005 a la Comisión para dar explicaciones sobre la
participación de cada área en el desarrollo de la deuda provincial.
También fueron utilizados como antecedentes directos los informes que
presentaran -entre otros- la actual vicegobernadora y ex diputada,
Sandra Giménez.
El
trabajo hecha luz sobre la política fiscal de tres periodos que
terminan por definir la curva de crecimiento y reestructuración de la
deuda en Misiones, con características particulares en el contexto
provincial y nacional entre 1983 - 1990, 1991 - 1999, y 2000 - 2009.
De
allí, el informe arroja que la década del ‘80, atravesada por los
gobiernos de Barrios Arrechea y Humada, se caracterizó por profundas
fluctuaciones en el endeudamiento provincial debido no a la toma de
nuevos empréstitos sino al impacto de la devaluación del peso argentino
ante el dólar entre los años ‘83 a ‘87, como así también el rebrote del
espiral inflacionario ante la flexibilización de medidas de
congelamiento de tarifas y controles de precios impuesto por el Plan
Austral a finales de la década.
La
hiperinflación en el año ‘89 llegó al 3.000 % anual provocando la
entrega anticipada del gobierno, y en esa época Misiones termina
perdiendo puntos de coparticipación en beneficio de Buenos Aires. Sumado
a la recesión de principios de los ‘90, a moneda actual la provincia
habría dejado de recibir más de 13 mil millones de pesos.
Sin
embargo, y de acuerdo a lo expuesto en la presentación, el impacto más
grave a la economía se produce entrada la década del ‘90. La
aplicación de las políticas neoliberales orientadas a las
privatizaciones de empresas de los distintos niveles del Estado, altos
índices de desempleo, un grave déficit fiscal y un elevado
endeudamiento público provincial (5293% a valores históricos y 4648% a
valores constantes IPC 2008), poco a poco fueron delineando la
situación de hambre que experimentaron miles de familias misioneras.
A
estos datos se suman la existencia de diferentes decretos provinciales
que permitieron la toma de créditos a corto plazo por un monto
aproximado de $2.290.000.000, y que entre los años ‘98 y ‘99 el
endeudamiento se vio afectado por la introducción de facultades
delegadas al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos (Art. 34 y 35º de
la Ley VII Nº31 – Antes Ley Nº3459).
En
el informe se considera que las principales herramientas utilizadas
para financiar la década de los ‘90 fueron el endeudamiento, las
privatizaciones y el achique del Estado con escasa participación de los
tributos en el financiamiento. En tanto, se evidencia de que el momento
de mayor endeudamiento de la historia de Misiones se dio
particularmente entre los años ‘95 a ’99, y fuertemente entre el ‘98 y
’99, pues salir de Shopping a la plaza financiera a buscar dinero
mediante el uso del crédito se había convertido en la herramienta
política de moda para el ex gobernador Puerta.
Ilícitos
El
informe de la Comisión Investigadora también puso la mirada sobre la
toma de créditos a corto plazo en los ‘90 para hacer frente a gastos
corrientes, acción que está explícitamente prohibida por la Constitución
Provincial. Citan la Antes Ley 3216 del año ‘95, donde se autoriza y
luego se toma un crédito para pagar atrasos salariales e insumos por más
de 40 millones de dólares.
En
general en esa etapa gubernamental se pagaron altas tasas de interés, y
en muchos casos se destaca que los fondos terminaron con destino
incierto. En este sentido, en el trabajo se hace referencia a algunos
ejemplos considerados “emblemáticos”, entre ellos el crédito de
4.200.000 dólares para construir el edificio anexo de la Cámara de
Representantes, abandonado durante años y finalmente terminado en 2010
por el actual presidente de la Legislatura, Rovira.
Otros
ejemplos son el de los bonos CEMIS, que Puerta emitió para hacer
frente a obligaciones del Estado; la emisión de los Bonos Senior y
Juniors en 1999 por 100 millones de dólares; y créditos para pagar
gastos corrientes como el autorizado por la Ley 3216 del año ‘95 donde
el objeto del crédito es 40 % para pagar compromisos vencidos en
dólares por 16 millones, 30 % para pagar atrasos salariales por 12
millones, y 30% con destino a comedores y hospitales por otros 12
millones más.
Garzón
Maceda señaló que “se tomaban créditos a la mañana para devolverlos a
la tarde, en un verdadero caos financiero”, y sostiene que entre “1998 y
1999 se termina de ejecutar la obra maquiavélica del endeudamiento de
los ‘90”.
“El príncipe lo hizo porque la princesa lo dejó”
Esta
es la metáfora utilizada en el informe, que haciendo referencia a la
emblemática obra de Nicolás Maquiavelo pone en el lugar del “príncipe”
al Poder Ejecutivo a cargo de Ramón Puerta y al Poder Legislativo en la
figura de “princesa”. De esta manera, se describe el origen de los
superpoderes otorgados por la Cámara de Representantes al Poder
Ejecutivo mediante los Art. 34 y 35 de la Ley VII Nº31 (antes Ley
Nº3459) de Presupuesto Bianual 1998 – 1999.
Así,
el Ejecutivo quedó autorizado a contraer créditos por decreto,
permitiéndole el uso indiscriminado de este recurso y violando lo
estipulado por el Art. 6 de la Constitución Provincial que plantea que
“ningún magistrado o funcionario podrá delegar sus funciones en otra
persona ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales
(…)”.
Desendeudamiento
El
proceso de reestructuración y desendeudamiento, según el análisis de
la Comisión, tuvo lugar fundamentalmente durante los gobiernos
renovadores de Carlos Rovira, en primer término, y continuando con ese
modelo económico el actual gobernador Maurice Closs.
La
década del 2000 se caracterizó por la pesificación del endeudamiento
público tanto nacional como provincial, con aplicación del CER (2002) y
la implementación de Programas como el PFO y la Ley de Responsabilidad
Fiscal, orientados a la reestructuración de los compromisos y préstamos
“heredados” del gobierno de la década anterior. Esto, sumado a la
aplicación de políticas fiscales apropiadas, permitió a la provincia el
ordenamiento financiero que desembocó en la firma del desendeudamiento
en el año 2010.
En
el documento redactado se puntualiza que la década del 2000 fue
marcada por un cambio en el modelo fiscal, con fuerte participación del
organismo fiscal de la provincia en el aporte de recursos para
financiar las erogaciones, una escasa utilización del crédito público y
nulas privatizaciones.
Algunos números
El
Stock de la deuda provincial al 31 de mayo del 2010 era de 3578
millones de pesos. A modo de ejemplo, para graficar una de las caras del
impacto de la deuda pública, Garzón Maceda precisó que el monto de
3.578 millones que tenía Misiones antes de la firma con Nación para el
desendeudamiento, equivale a 1500 Km de ruta asfaltada, 22.300 casas del
IPRODHA que cubriría la necesidad de aproximadamente 110.000
misioneros, 12.000 ambulancias, 22.000 patrulleros, 30.000 comisarías,
entre 350 y 500 nuevas escuelas, 6.000 CAPS, 11 años del presupuesto del
Poder Judicial, 6 años del presupuesto de Salud Pública, y 8 años del
presupuesto del Ministerio del Agro y la Producción.
fuente Medios del Mercosur