El caso tiene que ver con la también denominada masacre de octubre o ‘guerra del gas’, que dejó el saldo de al menos 70 personas muertas y más de 400 heridos de bala.
El fallo emitido por el Tribunal califica a los cinco militares como autores de la masacre sangrienta y de genocidio, y a los dos ex ministros como cómplices.
El Tribunal de Juicio conformado por los ministros Ángel Irusta (presidente) y Hugo Suárez, y los conjueces Daysi Careaga Alurralde, Eduardo Arteaga Rivera, Elizabeth Maldonado Loayza y Freddy Lupa Totola emitió la sentencia después de cinco días de deliberación a puerta cerrada en la Corte Suprema.
“En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Véliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno”, señala la sentencia leída tras la deliberación.
Roberto Claros Flores era en 2003 comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Juan Véliz Herrera comandante del Ejército (ambos con 15 años y seis meses de prisión). A 11 años de cárcel fueron sentenciados el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval, y el general José Oswaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea; y a 10 años el general Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, ex jefe del Estado Mayor.
Entre tanto, los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron condenados a tres años de prisión, por complicidad.
La sentencia emitida por el Tribunal de Juicio deberá ser cumplida en el penal de San Roque, en Sucre.
En la etapa probatoria y de juicio oral, según la Fiscalía General, se demostró ante el Tribunal de Sentencia la culpabilidad de los siete acusados de haber sido autores mediatos de los hechos sangrientos ocurridos en septiembre y octubre de 2003.
La abundante prueba ha sido constituida por 325 testigos que estuvieron presentes frente al Tribunal y que evidenciaron las huellas indelebles que les dejó la acción represiva.
“El Tribunal escuchó a personas mutiladas que han perdido varios miembros de su cuerpo, han quedado incapacitadas de por vida, personas que han perdido un futuro digno al cual tenían derecho; a ello se ha sumado una extensa prueba documental de 1.374 documentos entre prueba material, documental y pericial, que ha servido para demostrar la conducta antijurídica e insensible de siete de los procesados”, explicó el fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres.
Asimismo, se presentaron 308 pruebas periciales de balística reconstructiva, planimetría, fotografías de las víctimas y heridos que, de acuerdo con Uribe, demostraron la gravedad de las lesiones.
Estas pruebas fueron explicadas técnicamente por tres peritos que elaboraron el informe pericial que acompañó a las 117 pruebas materiales (casquillos, vainas servidas, munición, ropa ensangrentada, entre otros) y que demostraron la culpabilidad de los acusados.
En resumen, para el Ministerio Público la sentencia lograda, en el proceso por las muertes de septiembre y octubre de 2003, marca un hito histórico en el país porque demuestra que la impunidad fue derrotada.
El próximo paso, según la Fiscalía, es conseguir la extradición de Sánchez de Lozada.
El 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades por dos tercios de votos del total de sus miembros. Finalmente, este proceso se instaló el 18 de mayo de 2009.
Sólo siete de los 17 acusados por la masacre asistieron al proceso judicial. Diez fugaron del país pese a que la parte acusadora y el fiscal solicitaron su detención preventiva. Uno de estos prófugos (el ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc) murió en junio de este año en Miami.
El principal acusado, Gonzalo Sánchez de Lozada, huyó a Estados Unidos junto a su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
La masacre se desató después de que la población alteña y paceña en general se opusiera a la venta de gas a los Estados Unidos por un puerto de Chile.
