"Las causas de lesa humanidad que tramitan en Córdoba están en
riesgo”, denunció Abuelas de Plaza de Mayo en una presentación que realizó ante
el Consejo de la Magistratura y encendió la alarma, a mediados de agosto. En su
denuncia, la institución apuntó contra el magistrado Alejandro Sánchez Freytes,
a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de la provincia, que en un polémico accionar
comprometió el devenir de al menos dos causas paradigmáticas sobre apropiación
de menores durante la última dictadura militar. Para la filial provincial de la
organización, el magistrado cometió groseros errores, por eso también pidió su
recusación, que estaría por resolverse en los próximos días. Por sus manos
tramitan todas las causas por violaciones a los Derechos Humanos de Córdoba.
La denuncia de la institución se basa en las determinaciones
que tomó el juez en las causas que investigan las apropiaciones de los nietos
de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y de
la titular de la filial cordobesa, Sonia Torres. No obstante estos casos
particulares, las irregularidades se hacen extensivas al resto de los
expedientes.
Así quedó de manifiesto en el documento que el organismo de
Derechos Humanos presentó ante el Consejo de la Magistratura: “Desde que el juez
Sánchez Freytes se ha hecho cargo, como subrogante de dicho juzgado, la
Asociación advirtió una serie de decisiones del magistrado que hicieron dudar
fundadamente que aquel cumpliera cabalmente su función e imprimiera a dichas
causas el trámite debido para que pueda alcanzarse verdad y justicia por dichos
crímenes.”
El conflicto con el juez se agudizó cuando la abogada de
Abuelas en Córdoba, María Teresa Sánchez, se reunió con el presidente de la
Sala B de la Cámara Federal provincial, Abel Sánchez Torres, para notificarlo
de las irregularidades que observó en las diversas causas de apropiación. Este
magistrado no había intervenido en ninguno de los casos mencionados y por su
cargo tiene la obligación de impulsar los juicios de lesa humanidad.
Acto seguido, el camarista se contactó con el juez Sánchez
Freytes para interiorizarse en el avance de las causas. Pero quien conduce el
Juzgado Federal Nº 2 envió a sus secretarias, Mirta Liliana Rubín y María
Soledad Mancini de Gener, a una reunión con su superior. A partir de ese
momento, la historia ingresó en una fase vertiginosa.
A raíz de este encuentro, el juez Sánchez Freytes dispuso
agregar en todos los procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad una nota
labrada por sus secretarias en la que relató la reunión y notificó a las
partes. Como consecuencia, los letrados defensores –en su mayoría, de
genocidas– recusaron a Sánchez Torres. Desde Abuelas sospechan que Sánchez
Freytes incitó a que esto sucediera.
Pero ese no fue el único fin que persiguió la nota. En el
mismo escrito se aludió a la causa caratulada “Estela Barnes de Carlotto
s/denuncia” como caso “Simón”. Simón es el apellido del joven cuya identidad se
pretende constatar, que hasta entonces se mantenía en reserva, y podría ser el
nieto de Estela. “Esta circunstancia –se lee en la denuncia de Abuelas–, lejos
de consistir un mero equivoco, en rigor, implicó poner en evidencia la
existencia de dicha investigación –y el nombre del joven cuya identidad está en
duda– ante los imputados de gravísimos crímenes de lesa humanidad, involucrados
indudablemente en la apropiación de niños.”
En su defensa en el Consejo de la Magistratura, Sánchez
Freytes argumentó que él actuó conforme a lo que su superior le había ordenado.
Por tal motivo, denunció a Sánchez Torres en el organismo que sanciona a los
jueces.
Si bien no consta en la nota, desde Abuelas de Plaza de Mayo
adujeron que en lo que respecta a la causa que investiga la desaparición de
Silvina Parodi de Orozco y el paradero de su hijo nacido en cautiverio –nieto
de la abuela Sonia Torres–, Sánchez Freytes tomó una decisión que en la práctica
llevó el caso a fojas cero, cuando la elevación a juicio era inminente: abrió
un expediente paralelo.
Así, hasta supeditó la elevación a juicio de este caso a que
se localice al nieto, “lo que le causa a la abuela querellante y a nuestra
institución un grave e irreparable daño”, manifestó Abuelas. En este expediente
están imputados Luciano Benjamín Menéndez y Jorge “El Tigre” Acosta, entre
otros genocidas. En búsqueda de justicia, la querellante presentó un recurso de
queja ante la Cámara Federal.
Frente a este escenario, Abuelas de Plaza de Mayo acusó a
Sánchez Freytes por mal desempeño, abuso de autoridad y violación de los
deberes de funcionario público en el Consejo de la Magistratura. Y sumó en su
denuncia que al averiguar las razones de la actitud del juez, tomó conocimiento
de que “el mismo funcionario ha tenido reiteradas conductas de mal desempeño en
sus funciones y ha realizado actos que objetivamente demuestran su inclinación
a favorecer a represores y a obstruir la averiguación de la verdad histórica y
su respectiva sanción penal a los responsables de violaciones de Derechos
Humanos”.
Entre los diversos ejemplos que citan para fundamentar su
afirmación, Abuelas menciona que Sánchez Freytes ordenó destruir documentación
y expedientes del período 1968-1978 “que resultaban determinantes para
investigar la red de complicidades de ciertos miembros de la Justicia Federal
de Córdoba con el terrorismo de Estado, y podría erigirse en un puntal de la
impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante los peores años de
la dictadura militar”.
En la presentación también se recuerda que Sánchez Freytes
liberó de responsabilidad a varios de sus colegas cuando actuó como juez en la
causa que investiga la posible complicidad entre represores y algunos miembros
del Poder Judicial cordobés.
Como esa decisión fue apelada, el camarista Sánchez Torres
debió expedirse sobre esas desestimaciones: “No tienen sustento fáctico ni
jurídico”, aseguró. La nota que Sánchez Freytes incorporó en todas las causas
de lesa humanidad tendría una doble función: devolverle la gentileza a su
superior y mover del horizonte todo atisbo de investigación en la causa UP1,
una de las más emblemáticas de Córdoba, donde se indaga la complicidad de los
jueces con las fuerzas represivas y que se encuentra en la Cámara.
“El problema de fondo, el núcleo de todo este conflicto
–explicó una fuente judicial– es que se quiere neutralizar todo lo que
podría posibilitar esta investigación central. Se quiere aventar toda
posibilidad de que algún juez o fiscal impulse este proceso. La Sagrada Familia
–como se conoce al núcleo más conservador de la justicia cordobesa– quiere
correr a los funcionarios que molestan. Este es un aviso. La familia judicial
crea sus propios anticuerpos.”
Por todo esto, Abuelas también pidió la recusación del juez
que maneja todas las causas de Derechos Humanos provinciales. La razón es
contundente: “Advertimos que la continuidad en el cargo del juez federal
Alejandro Sánchez Freytes pone en riesgo el avance de todas las causas por
delitos de lesa humanidad que se tramitan en Córdoba.”
El magistrado rechazó la recusación y ahora será la Cámara
Federal la que deberá resolver sobre su futuro. De su respuesta –que se
descuenta para los próximos días– depende el devenir de muchos expedientes que
tantos años costó levantar.
fuente: Tiempo Argentino
Fuente: Comunicadores Indigenas de Argentina
