Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado
circulando en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción
de la Amazonía”.
El objetivo de esas iniciativas no han sido las
corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan,
sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta del
gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de
bosques, obtuvo el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales
en 2009. Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en
64 comunidades dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC
que une a esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una
marcha a la capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado peticiones internacionales declarando su
apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los
derechos indígenas.
La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el
impacto de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido
errores en su manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de
lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada
por más de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia,
distorsionan los hechos y dan una dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha
global por la justicia climática.
Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas
extranjeras se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora
sobre una de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la
destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de
comunidades indígenas locales.
Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido
introducir una nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para
agregar nuevas protecciones para el parque nacional.
La ley propuesta fijaría penas de cárcel de entre 10 y 20
años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de árboles en el
parque nacional.
Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos”
motivan el apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que
una carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para
Bolivia y sus pueblos.
Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que
vincula los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el
TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios
básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para
recibir atención médica.
La carretera también permitiría a productores agrícolas
locales un mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente,
tienen que pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos
hacia el oeste.
En vista del estatus de Beni como el mayor departamento
(estado) productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos
basados en Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su
soberanía sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas
ilegales.
Son hechos como estos los que han convencido a más de 350
organizaciones bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que
han dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a
apoyar la carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso
dentro del TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que
ocurre como una disputa entre el gobierno y la gente indígena.
Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del
desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y
una mejora del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el
segundo país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más
poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo
mientras protege el medio ambiente.
Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que
los que deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el
diálogo, en lugar de profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte
del gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de
grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de
iniciar discusiones con los manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial de
Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han
viajado a la ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso público del
gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la
constitución boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su
oferta de que el proceso de consulta sea supervisado por observadores
internacionales seleccionados por los propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la
factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda
soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas iniciativas, una serie de
comunidades del TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como
representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa.
Mantendrán las discusiones con el gobierno.
Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de
consulta propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a
organizaciones basadas fuera del TIPNIS.
Esas organizaciones fueron también los principales
proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de
la marcha.
Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que
algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o
descartadas por grupos medioambientales internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones
respecto a la declaración del presidente boliviano de que “la perforación
petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’”
Esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de
gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de
Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía
de Bolivia.
El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté
controlado por el Estado boliviano en lugar de por corporaciones
transnacionales es el resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que
creen legítimamente que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su
país.
Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y
han sido, tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta
fuente de ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de
las naciones más pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente, los manifestantes también demandaban la
interrupción de la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en
esto y ahora se concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en
desuso debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de
agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet
menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de
Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por
sus siglas en inglés).
REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones
Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono”
que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de los mayores proponentes de esta medida se
encuentran entre las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido
financiamiento directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue
expulsado en septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista
contra el gobierno elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la
interferencia de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la
luz las conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”.
Esos “intereses oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa
del Medio Ambiente (LIDEMA), que se estableció con fondos del gobierno de
EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la agencia de ayuda del gobierno de
EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad Adenauer que frecuentemente financia
acciones contra gobiernos como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos
europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados
recientemente por WikiLeaks y archivos desclasificados del gobierno
de EE.UU. han mostrado concluyentemente que USAID apunta directamente a
comunidades indígenas en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para
que apoyen intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de
naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de promover políticas que
representan una nueva forma de “imperialismo verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países,
aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los
gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones
medioambientales para promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas
el derecho a controlar y administrar sus propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos
indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger
áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el
medioambiente en otros sitios.
La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy
diferente. Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o
tratando como grupos minoritarios que requieren protección especial.
Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país
en función del beneficio colectivo de la mayoría.
Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder
gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el
gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han cometido errores, y son probables en el futuro. Pero
son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y
subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente
mundial por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de
liderazgo.
Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio
Climático, con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno
de Morales en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a los países desarrollados
como “causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben
“reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la
ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y
servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su
población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia
climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a
aceptar sus responsabilidades.
El movimiento global debe rechazar explícitamente la
intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las políticas de
“imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU.
Solo a través de una campaña semejante podemos apoyar los
esfuerzos de países más pobres para planificar un camino de desarrollo que respete
el medio ambiente.
Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la
carta contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos
culpables.
Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y
antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.
Fuente: Federico Fuentes
http://boliviarising.blogspot.com/2011/09/bolivia-ngos-wrong-on-morales-and.html
Traducción de www.rebelion.org