La condena -que le imposibilita recuperar el cargo, puesto
que cuando venza ya estará jubilado- es por el proceso que culminó hace dos
semanas y en el que fue acusado de haber autorizado escuchas ilegales a
miembros y abogados del Partido Popular, a quienes investigaba por corrupción
en el marco del denominado Caso Gürtel. Aún está pendiente la resolución de la
Justicia española por el proceso que culminó ayer y en el que se le imputa el
delito de “prevaricación” por haber iniciado una investigación por los crímenes
ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
El Tribunal Supremo español condenó
al juez de renombre internacional por su trabajo a favor de los derechos
humanos a "11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o
magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le
son anejos", según la sentencia. El alto tribunal consideró que Garzón
vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en
prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una
red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora
gobierna España.
"Ahora tengo yo que pagar a Correa y Crespo", dijo
Garzón en referencia a la multa de 2500 euros a la que también fue condenado.
Es que el magistrado, que oficialmente dejará de serlo en los próximos días,
cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga efectiva su expulsión,
tiene además que correr con las costas del proceso.
"Está desolado", dijo su abogado Francisco Baena
Bocanegra. No hay segunda instancia española a la que pueda recurrir el juez,
aunque sí podría acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo.
El mismo tribunal dejó visto para la sentencia de otro
juicio contra el magistrado, en el que está acusado por dos grupos
ultraderechistas españoles de haber querido investigar la suerte de más de 114
mil desaparecidos durante el franquismo pese a una ley de Amnistía de 1977. La
coincidencia de estos casos contra Garzón, y la existencia de un tercero para
el que aún no se anunció juicio, llevaron a sus partidarios a denunciar una
maniobra política contra un magistrado.
Fuente: Páginas/12
