Desde la aparición del maquinismo y de las
formas capitalistas de producción, que la lucha por los derechos del trabajador
ha sido, y sigue siendo, uno de los objetivos centrales de la clase
trabajadora. En la Argentina fueron necesarias décadas de lucha social y
proletaria para que el Estado nacional reconozca los derechos laborales de los
trabajadores. Y fue un día como hoy, 24 de febrero de 1947, cuando el entonces
presidente Juan Domingo Perón, proclamó, en el teatro Colón de Buenos Aires,
los diez derechos que tenían todos los trabajadores argentinos.
Hoy, a la distancia, aquella enunciación de
derechos parece lógica, evidente. Resulta casi insólito pensar que los
trabajadores no gozaran de esos derechos. Pero para algunos no era tan evidente
y es por ello que fueron los obreros argentinos los que impulsaron el proceso
histórico que desembocó en la proclamación del 24 de febrero.
Ya durante la década infame las
organizaciones obreras habían impulsado un incipiente reclamo laboral, pero la
mayoría de ellas quedó presa de las posturas internacionalistas que obligaba, a
los obreros argentinos, a depender de las necesidades bélicas de las potencias
en guerra antes que a defender sus derechos. El divorcio entre los sindicatos
comunistas o socialistas y la clase obrera, se hizo inevitable.
A partir del 4 de junio de 1943, con la
irrupción de un nuevo gobierno militar, en este caso de corte nacionalista y
preindustrial, esa realidad laboral comenzó a modificarse con la llegada del
coronel Perón a la secretaría de trabajo y previsión. Durante su gestión, se
sancionaron en el país 309 leyes laborares y 109 de seguridad social, una clara
muestra de cual era el objetivo social del gobierno.
El 24 de febrero de 1946, Perón fue electo
presidente de la República, dando un marco constitucional y democrático al gran
movimiento de masas que había surgido el 17 de octubre anterior. Al cumplirse
el primer año de gobierno, Perón proclamó los diez derechos del trabajador, a
saber: Derecho a trabajar; Derecho a una retribución digna; Derecho a la
capacitación; Derecho a condiciones dignas de trabajo; Derecho a la
preservación de la salud; Derecho al bienestar; Derecho a la seguridad social;
Derecho a la protección de su familia; Derecho al mejoramiento económico y
Derecho a la defensa de los derechos profesionales.
Fiel a la doctrina peronista de que es
mejor hacer que decir, esta proclama se transformó en decreto presidencial el 7
de marzo de 1947, bajo el número 4865, y luego fueron incorporados en el
artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina, sancionada por la
Convención Constituyente el 11 de marzo de 1949.
Pablo Camogli