La producción
minera siempre ha sido elemento de polémicas y acalorados debates. Desde que el
poder colonial español hiciera de la minería uno de los elementos centrales de
su aparato productivo, que la extracción de metales ha llamado la atención de
todos los gobierno a lo largo del tiempo. Ya en tiempos revolucionarios, los
primeros gobiernos patrios también pusieron su atención en el tema de la
minería, tanto como para que hoy, 7 de mayo, estemos festejando los 199 años
del primer reglamento de minería que existió en nuestro país.
Luego de algunos
vaivenes con los primeros gobierno patrios una vez producida la revolución de
Mayo, fue el Segundo Triunvirato el encargado de relanzar el proceso de
transformación política. Para ello, convocó a la famosa Asamblea del Año XIII,
la que se constituyó en un a especie de poder legislativo con atribuciones
constitucionales e independentistas.
El 24 de abril
de 1813, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea un proyecto de reglamento
para la producción minera en el ámbito de las Provincias Unidas del Río de la
Plata. Mirado a la distancia, aquel reglamento puede sorprender y hasta generar
fuertes polémicas.
En los
fundamentos del proyecto se aclaraba que las minas “forman después del crédito
público, la base más sólida al sistema de hacienda”, por lo que era de “extrema
importancia adoptar principios enteramente nuevos y contrarios, a los que una
política tan absurda, como igualmente ignorante ha consagrado bajo la antigua
administración”.
¿Cuáles eran
esos principios enteramente nuevos? El reglamento lo planteaba con absoluta
sinceridad y pragmatismo. Dice el texto: “Los inmensos depósitos de plata y oro
que contienen estas cordilleras, deben quedar abiertos para cuantos hombres
quieran venir a extraerlos desde todos los puntos del globo. Los artículos
cualesquiera clase que sean necesarios para las operaciones mineralógicas,
deben ser libres y protegida del modo posible su introducción y la comodidad de
sus precios: los hombres dedicados a estos utilísimos trabajos no serán
retraídos jamás por ningún género de traba y el fruto de sus labores podrá ser
conducido libremente adonde quiera que más ventajas proporcione a sus dueños y
en la forma que mejor convenga a sus intereses”. O sea, se propone la
explotación abierta, libre y sin ningún tipo de restricciones en el ámbito de
las Provincias Unidas.
El proyecto
comenzó a debatirse en la sesión del 29 de abril bajo un amplio consenso
favorable, ya que las únicas voces que plantearon dudas, fue tan sólo por
cuestiones puntuales.
Pablo Camogli
