En un encuentro realizado ayer, entre una
delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las
Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú
y Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el
pasado viernes en la estancia Morombi, se denunció la presencia de un
grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que
efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del
exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución
a la lucha social.
En el transcurso de la tarde del domingo 17 de junio del corriente se
realizó un encuentro entre una delegación de la Coordinadora Nacional
por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y
Populares de Canindeyú con los Familiares de los campesinos/as víctimas
de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi.
Durante el encuentro se reconfirmó que la masacre no fue ocasionada
por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un
tercer grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política
que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior
del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de
persecución a la lucha social. Quien anunció como primera medida la
eliminación del Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía
que permitía al menos un dialogo previo ante los desalojos, implementado
de esta manera la ejecución directa, como ocurrió según testimonios de
los familiares y las evidencias de tortura y ejecución halladas en los
fallecidos.
Posteriormente, los familiares y la comitiva de organizaciones
locales y nacionales, se reunieron además con el Jefe de Gabinete Miguel
López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez; exigiendo la
inmediata constitución de una Comisión interinstitucional conformada por
el Gobierno, Familiares, Organizaciones Sociales de la zona y
Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, encargada
de llevar a cabo un Plan de Acción Comunitario que contemple:
1. Las garantías para culminar la búsqueda de heridos y fallecidos en la zona de la masacre.
2. El esclarecimiento de los hechos ocurridos y la aplicación de la justicia a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la masacre.
3. Resarcimiento material y moral a las víctimas y sus familiares.
4. Libertad a aquellas personas que no estuvieron en los enfrentamientos y/o fueron detenidos e imputados sin justificación, cuyo número asciende a 46.
5. Garantizar el debido proceso a los detenidos con prisión preventiva acusados de diversos delitos sin pruebas contundentes, inclusivo algunos siendo menores de edad, como el caso de Raquel Villalba Ortiz (16) que cargando con niña de 3 meses, la han derivado a la policía de Cnel. Oviedo, luego al Policlínico de esta ciudad, y pretenden encarcelarla en Asunción.
6. El cese del amedrentamiento de la fiscalía y la policía a los familiares, vecinos y dirigentes campesinos.
7. La recuperación de las tierras malhabidas en manos de Blas N. Riquelme conocido por su connivencia con la dictadura Stronista, para la creación de un asentamiento modelo que lleve a una solución definitiva del conflicto por la tierra que es la causa real del conflicto.
Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas
y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú
y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú