El camarista suspendido Otilio Romano ignoró el ultimátum del juez Walter Bento y, cumplido el plazo de 48 horas que se le dio para que regresara al país, ahora enfrenta un inminente pedido de captura internacional. Romano está procesado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
El plazo venció ayer a las 13 y el juez debe decidir si lo considera fugado y emite la orden de captura internacional o si le solicita al Consejo de la Magistratura que lo destituya y que pida su captura. El abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, se inclina por la primera opción: “Los querellantes creemos que podría emitir la orden de captura informando al Consejo, que lo suspendió pero no lo destituyó”, explicó.
El abogado exigió al Consejo de la Magistratura “celeridad” para destituir al camarista mendocino y así acelerar el proceso para primero dar con él y luego poder llevarlo a un juicio penal. También consideró que la actitud de Romano, de irse del país el pasado 24 de agosto, un día antes de la audiencia en la que fue suspendido, sin informar al juez que instruye la causa “demuestra que no tiene la actitud que debería tener un magistrado de la Nación de presentarse ante la justicia, sujeto a proceso. Eso es de una gravedad inusitada”.
El rastro de Romano se perdió el pasado 24 de agosto, cuando viajó a Chile con un pasaje ida y vuelta de la empresa LAN, según informó El Sol Online. El ticket de vuelta del juez estaba programado para el 29 de agosto, pero no lo utilizó.
La noticia de la salida del país de Romano ya llegó a los medios chilenos. El diario El Mercurio publicó la información en su edición de ayer en la que además confirma el ingreso del camarista a territorio chileno y asegura que en Interpol no registran que haya salido del país trasandino.
Romano está procesado como partícipe primario en por lo menos 103 casos de secuestro, torturas y homicidios durante la dictadura. Su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Mendoza en julio. Los camaristas consideraron que la tarea del entonces fiscal era “no hacer, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables”.
Esta tarea de jueces de la dictadura estaba acordada con los represores, que “conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Mendoza le aseguraban una “zona liberada” jurisdiccional.
fuente Tiempo Argentino
