Mientras los estudios de opinión ratifican la altísima
adhesión que cosecha Cristina Fernández de Kirchner al frente del ejecutivo
nacional, oportuno es recordar que su gestión tiene como eje la distribución
equitativa de la riqueza. Maestros y jubilados entre los más beneficiados.
Es tan contundente la aceptación que los argentinos
tienen de las políticas desarrolladas por el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner que hasta el propio diario más conservador de la Argentina, La
Nación, no pudo eludir publicar el 28 de enero pasado que “la credibilidad
social hacia el Gobierno ascendió un 27 % con respecto al registrado en enero
del año pasado y también creció respecto del último mes de 2011 (…) y se ubicó
por encima del promedio histórico de toda la serie y del promedio de la
administración de Cristina Fernández”, según una investigación realizada por la
Universidad Torcuato Di Tella.
En la semana que pasó, la medición nacional de la consultora
Ibarómetro realizada en los últimos tres meses dio cuenta de que la
Presidenta cosecha casi un 65 por ciento de opinión favorable.
Sin embargo, ello no fue óbice para que el gobierno debiera
enfrentar la primera huelga nacional de maestros, convocada con argumentos
dispares entre dirigentes y las bases, que se sustentaban en una de las frases
pronunciadas por la mandataria en su discurso de más de tres horas con motivo
de la inauguración del período de sesiones legislativas, en el que el tema
Educación fue tocado con profundidad de conceptos y proficua cantidad de datos
sobre las inversiones volcadas en el área, inéditas en la historia nacional y
que alcanzan al 6,7 por ciento del PBI (de ahora, no el de la Argentina
chiquitita pre kirchnerista).
En la provincia de Misiones, que viene afrontando la
irascible protesta de un pequeño grupo de docentes desde hace tiempo, se dio la
adhesión del gremio mayoritario, conducido por personas de relevante
protagonismo político que adhieren al oficialismo provincial y nacional, pero
que, esta vez, prefirieron priorizar sus intereses sectoriales al interés
superior del proyecto nacional y provincial y lograron un día menos de
clases para los niños misioneros.
¿Es una contradicción que la política nacional y la
provincial, plebiscitada en elecciones libres y democráticas con un apoyo
contundente, sea jaqueada por manifestaciones extremas de algunos sectores
laborales?
Desde nuestra humilde opinión, consideramos que la facilidad
con que el sector docente encara huelgas con ausencia a los lugares de trabajo,
es decir la escuela y el aula, sin que medien otras medidas previas menos
severas y, sobre todo, menos perjudiciales para alcanzar los niveles de
eficiencia mínimos que se espera de la Educación pública, obedece a una especie
de “vicio” instalado a partir de las luchas docentes del pasado, cuando había
que resistir al desguace del sistema educativo nacional público, gratuito,
igualitario, integrador y profundamente democratizador entre los sectores
sociales.
Hoy, nos encontramos con la desesperanzada realidad de
grandes inversiones en el sector educativo que no logran salvar el ausentismo
docente (paros, actos, capacitaciones, licencias, etc.) que alcanza casi un 25
por ciento de la planta y que, a nuestro criterio, es la causa de la
barrera insalvable entre maestros y alumnos-familias-sociedad que
necesitan del papel rector de la escuela para superar la destrucción del tejido
social operado como consecuencia de las políticas neoliberales. O, lo que es
peor aún y sin esperar tanto de la Educación –aunque no debiéramos de renunciar
a sus más excelsos objetivos-, que ni siquiera alcanza a cumplir con el
objetivo básico de capacitar a los niños/adolescentes en el manejo de la lecto-
escritura, de las operaciones matemáticas más elementales o los conocimientos
mínimos del entorno histórico-económico-geográfico.
Es que sin maestros en las aulas y sin alumnos en las
escuelas, difícilmente se alcance ni el mínimo ni el máximo de los objetivos.
El paro nacional fue desmedido en un país que invierte en
Educación como lo hace la Argentina, donde se han construido 1.400 escuelas
nuevas, se crearon decenas de nuevas universidades, miles de nuevos puestos de
trabajo y que, desde el 2003, gracias a la decisión del ex presidente Néstor
Kirchner, los docentes recuperaron la paritaria nacional donde se acuerda
un piso salarial para todo el país.
A partir de entonces, la evolución del salario docente sólo
fue superado por el de los jubilados en su crecimiento exponencial y registró
los siguientes guarismos: sobre la base de $ 200, período 1996/2001,
ascendió a $ 350 en el 2003; a $ 450, en el 2004; a $ 630, en el 2005; a $ 800,
en el 2006; a $ 980, en el 2007; a $ 1.240, en el 2008; a $ 1.500, en el 2009;
a $ 1.740, en el 2010; a $ 2.300, en el 2012 y a $ 2.800, en la actualidad, lo
cual significa un crecimiento de más del 1.050 por ciento.
Ningún ciudadano responsable podrá negar que en el país
existen deudas pendientes de solución para recuperar todo lo que alguna
vez fuimos, en un mundo globalizado en donde el capitalismo desangra a las
naciones para beneficio de unos pocos. De allí que cada sector del trabajo y
especialmente los maestros tienen una responsabilidad ineludible: comprender
y hacer comprender la complejidad del momento para que los ciudadanos y ellos,
en primer lugar, actúen conforme el interés general del pueblo y de una Nación
que busca desesperadamente emerger de las ruinas, muchas de las cuales todavía
no fueron removidas.
