33 comunidades indígenas que habitan ancestralmente
territorios que en la actualidad forman parte de las provincias de Salta y
Jujuy, llegarán a Buenos Aires este miércoles para reclamar el cumplimiento de
sus derechos de participación y consulta, en el marco del amparo iniciado ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010. Denuncian que
la exploración de litio está avanzando sobre sus actividades económicas,
sociales y culturales, incumpliendo la legislación nacional e internacional. Ellas
se presentarán este miércoles 28 de marzo a las 10.00 en una audiencia pública
convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y luego, brindarán una
conferencia de prensa a las 15.00 hs en el Hotel Bauen (Callao 360).
La mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han
trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído
sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los
medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y
nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma
de vida”, explicó Alicia Chalabe, abogada que representa a las comunidades ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con inspecciones realizadas este año, las
perforaciones están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno
en las inmediaciones, lo que impedirá la extracción de sales
superficiales en los sectores afectados. Asimismo, existe el riesgo de que se
esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de
agua dulce. Esta situación fue documentada por el Consejo de Organizaciones
Aborígenes de Jujuy (COAJ), en las Salinas Grandes donde se
realizaron actividades de prospección minera y hidrogeológica.
“Las comunidades se encuentran en una situación de extrema
pobreza y aislamiento. Tienen muy poco acceso a medios de comunicación, y no
cuentan con medios de transporte público. A pesar de las dificultades
y la falta de recursos, decidieron realizar todas las acciones legítimas
posibles para lograr el cumplimiento de sus derechos y hacer establecer la
responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Jujuy, del Gobierno de la
Provincia de Salta y del Estado Nacional”, explicó Chalabe.
“Otra de las amenazas es en contra de nuestra cultura.
Muchas actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales.
Nuestras familias tienen un lugar determinado para la Pachamama, para
ofrendarla y challarla todos los años. Este lugar no cambia y siempre es el mismo
por generaciones. Mudar este sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión
profunda que tenemos las comunidades y significa un daño profundo en nuestras
creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Este lugar es
donde se han asentado nuestros abuelos y padres, y no tiene un precio económico”,
explicó Clemente Flores, representante de las 33 comunidades.
Actualmente al menos 12 empresas transnacionales mineras de
litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de
los cuales al menos 4 buscan comenzar su explotación en los próximos 2 a 6 años. Frente a esta
situación, las comunidades reclaman hacer efectivos sus derechos
reconocidos en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el
Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
6.500 personas afectadas
A comienzos del año 2010, ante el inicio de movimientos por
parte de las empresas mineras en el territorio, y enterándose a través de los
medios de prensa provinciales y nacionales del pronto inicio de un proyecto de
extracción de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, las 33
comunidades indígenas que allí habitan decidieron autoconvocarse para proteger
su territorio. Ocho de ellas pertenecen a la jurisdicción de la Provincia de
Salta y el resto a la de Jujuy. En ellas habitan aproximadamente 6.500
personas, donde se encuentra una gran reserva de litio y potasio.
Acerca del litio
Este mineral tiene numerosos usos en la industria y en la
medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este mineral en los próximos años
será para la fabricación de baterías de teléfonos inteligentes, tablets y,
principalmente, autos eléctricos. Argentina es el tercer productor mundial con
1 yacimiento en explotación en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de
Catamarca.
En la causa de amparo iniciada por las comunidades se
encuentran presentadas como amigos del tribunal las siguientes organizaciones:
Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Environmental Defender Law
Center (EDLC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Servicio de
Paz y Justicia (SERPAJ).
Fuente: recursosnaturales.org.ar