Este miércoles se pone en marcha el paradigmático juicio por
los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Jefatura de Policía
de la provincia de Misiones, durante la última dictadura cívico-militar entre
1976 y 1983. Cinco serán los militares y policías acusados por medio centenar
de casos de privación ilegitima de la libertad, privación ilegitima de la
libertad agravada por torturas y tortura seguida de muerte. En todos los casos,
los delitos se cometieron en el mayor centro clandestino de detención que
funcionó en Misiones en aquellos años oscuros, la sede de la policía provincial
en Posadas y sus “dependencias”, la Casita de Mártires y la Casita del Rowing,
entre otras.
En el banquillo de los acusados estarán el ex coronel del
Ejército Carlos Omar Herrero, quien deberá responder por 42 casos que se
investigan, en su condición de ex jefe de la policía de Misiones en el período
comprendido entre el 21 de junio de 1976 y el 15 de diciembre de ese año. También
será juzgado por 42 casos, Felipe Nicolás Giménez, responsable del temible
Departamento de Informaciones de la Policía de Misiones. Por su parte, el ex
policía Julio Argentino Amarilla será juzgado por 47 casos de tormentos
agravados. El también ex policía Carlos Alberto Pombo, será juzgado por 10
casos de privación ilegitima de la libertad agravada con la imposición de
tormentos. Finalmente, el ex médico policial, Guillermo Roque Mendoza fue
procesado por tres hechos configurativos de privaciones ilegitimas de la
libertad agravadas.
El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces
subrogantes, Rubén Quiñones y Eduardo Ariel Belforte, de Formosa y Norberto
Rubén Giménez, de Resistencia, ya que los magistrados del TOPF de Posadas
fueron recusados. Este será el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad
cometidos en Misiones durante la dictadura.
La maquinaria del terror en Misiones
Al producirse el golpe de Estado en marzo de 1976, el país
fue dividido en zonas, subzonas y áreas a los fines represivos del gobierno
cívico-militar. Misiones quedó dentro de la Zona 2, Subzona 23, Área 232, ésta
última con jurisdicción de todo el territorio provincial y a cargo del Ejército
argentino.
Luego de una primera etapa represiva y que había quedado
bajo el accionar de las tropas del Ejército, es a partir de octubre de 1976 en
donde las fuerzas policiales locales intensifican su accionar. La gran mayoría
de los casos que serán sustanciados en el juicio que se inicia esta semana, son
de secuestros cometidos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de
1976, en especial en el primero de estos meses.
Según el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo
acceso Mate Cocido, el “circuito clandestino de detención” en el ámbito de la
policía de Misiones era el siguiente: los detenidos eran ingresados al edificio
de la Jefatura de Policía, ubicado en pleno centro de Posadas, en la manzana
comprendida por las calles Tucumán, Félix de Azara, Santiago del Estero y
Buenos Aires. Por una puerta ubicada sobre ésta última arteria, ingresaban los
detenidos, en algunos casos vendados y en otros, a cara descubierta.
Una vez dentro, eran conducidos hasta el Departamento de
Informaciones de la Policía, en donde comenzaban a golpearlos y amenazarlos.
Allí eran alojados en celdas comunes, abarrotadas, sin baños ni comida. En la
misma dependencia policial funcionaba un centro de tortura, en donde los
detenidos eran picaneados, golpeados y violados por grupos de policías. Entre
ellos, figuraban en primer lugar Giménez, Pombo y Amarilla.
Como parte de la tortura psicológica a la que eran sometidos
los presos políticos, cada tanto se los sacaba vendados de la Jefatura y se los
conducía hacia otros centros clandestinos ubicados en Posadas. El más destacado
de ellos era la “casita de Mártires”, que pudo ser reconocida por los presos
debido a su cercanía con el aeropuerto posadeño. En aquel lugar funcionaba el Destacamento
Mártires de la Policía
de la Provincia
de Misiones, pero en verdad fue un centro de tortura en donde, además de
picanear y golpear, se solía colgar a los presos de una viga por las muñecas y
dejarlos allí por horas sin poder tocar el piso con los pies. Hoy la tétrica
edificación ya no existe, pero es recordada con un monumento a la memoria.
Otro lugar para la práctica de la tortura, fue la “casita
del Rowing”, ubicada sobre una margen del Arroyo El Zaimán, frente al antiguo
club Rowing de Posadas. También podían ser trasladados a la Seccional Cuarta de
la Policía, que en la época funcionaba como la Brigada de
Investigaciones, ubicada en Lanusse y Madariaga de Posadas; o a las seccionales
primera y segunda de Policía. Algunos testimonios hablan de la “casa del
Coronel”, que sería un centro clandestino en manos del Ejército. Finalmente, la
propia sede de la Policía Federal, también en pleno centro de Posadas, funcionó
como centro de tortura.
La maquinaria represiva estaba muy clara, si te sacaban de
la celda, era para torturarte. Así lo reconoce una de las detenidas, Lourdes
Langer en la declaración que brindó ante la justicia: “quiero dejar en claro
que cada vez que nos sacaban del lugar era para torturarnos y sacarnos
informaciones, las torturas nos hacían con picanas eléctricas, abusos, nos
tenían desnudas en esas ocasiones, nos decían que estábamos sucias y nos
manguereaban”.
Cada torturador con su sonido
Muchos de los testimonios de los sobrevivientes, dan cuenta
de que en los peores períodos de las torturas, la banda de música de la Policía
salía a tocar al patio o a la vereda, como forma de tapar los gritos de dolor
de los torturados. Así lo relató Hilarión Félix Barrios, quien dijo “haber
escuchado reiteradamente tocar a la banda de
música de la policía dando toda la vuelta manzana lo que hacia que no se escuchara los gritos de las personas torturadas”. En el mismo sentido, declaró Aureliano Gauto, quien mientras era picaneado por Giménez y Amarilla, escuchó la banda de música de la Policía.
música de la policía dando toda la vuelta manzana lo que hacia que no se escuchara los gritos de las personas torturadas”. En el mismo sentido, declaró Aureliano Gauto, quien mientras era picaneado por Giménez y Amarilla, escuchó la banda de música de la Policía.
Cada uno de los torturadores que estarán sentados en el
banquillo de los acusados, tiene su historia propia de abusos y tormentos, tal
como lo revelan los testimonios que acompañan los requerimientos de elevación a
juicio.
Julio Argentino Amarilla era vecino del tradicional barrio
Tajamar, a metros del estadio del Atlético Posadas. Pero nadie podrá recordarlo
por su calidad de vecino, sino por el ensañamiento que ponía en las torturas a
las que sometía a la gente proveniente del interior de la provincia.
Otro personaje de accionar tenebroso que será juzgado, es
Carlos Pombo, torturador contumaz y uno de los principales integrantes de los
grupos de tortura que funcionaron en el ámbito de la Policía misionero. De
hecho, era uno de los encargados de recibir a los nuevos detenidos y de
aplicarles los primeros golpes y torturas. Así recordó la forma en que conoció
a Pombo, el ex detenido José López: “esa noche me pasan al lado del baño entre
la celda y el baño había un espacio de dos o tres metros, ahí me dice “yo soy
Pombo” y me cago a palos por no firmar la declaración”.
En la acusación contra Giménez, figura un caso que ratifica
la vinculación entre civiles y militares a la hora de la represión. Julio
Manuel Gómez trabajó hasta diciembre de 1976 en la firma Las Marías, de
Virasoro, Corrientes, famosa por su complicidad con la dictadura. Además, Gómez
“estaba ligado al gremio de trabajadores rurales y ya había sufrido la
persecución dentro del establecimiento”, dice el requerimiento. Gómez fue
secuestrado el 8 de marzo de 1977 y trasladado de inmediato al Departamento de
Informaciones de la Policía.
Finalmente, en cuanto a Mendoza, era Oficial Principal
designado como médico en la
División Sanidad de la Policía, lugar en el que permaneció
entre el primero de diciembre de 1974 y el primero de enero de 1980. Según el
requerimiento de elevación a juicio, Mendoza “desde tal cargo y función cumplía
un rol de suma importancia dentro de la maquinaria represiva estatal, pues su
intervención determinaba, en el marco de las sistemáticas torturas, la
posibilidad o no de continuar interrogando al detenido, la posibilidad de
supervivencia de este, esta participación se extendía a los diferentes centros
clandestinos de detención, siendo un dato elocuente de su participación en el
engranaje su intervención directa en la verificación de los cuerpos de Peczack,
Ferreira y Zamudio”, tres detenidos que fueron asesinados y que Mendoza
certificó habían muerto en un enfrentamiento con la policía.
Pablo Camogli
