El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que los
recortes sociales y la reforma laboral van a seguir provocando que las calles
se consoliden como un foco de protesta. Lo han visto ya en las movilizaciones
de los indignados del 15-M, los estudiantes de la 'Primavera Valenciana' y
la huelga general del 29 de marzo. Ante esta escalada de la tensión social, el
Ejecutivo ha decido reformar "en profundidad" el Código Penal la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica de protección de la seguridad
ciudadana.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha
justificado hoy en el sesión de control del Congreso este endurecimiento alegando
que es necesario luchar contra lo que denomina una "espiral de
violencia" practicada por lo que ha definido de "colectivos
antisistema" que practican "técnicas de guerrilla urbana", según
recoge Europa Press. Pero la legislación va más allá de los violentos y
plantea una nueva batería de restricciones de derechos.
Todas las medidas que se han anunciado en los últimos días
junto con las que ha adelantado hoy el ministro de Interior, van dirigidas a
mantener un mayor control del orden público. Entre ellas el endurecimiento de
las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la
legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale
borroka en el País Vasco, directamente relacionado con los enfrentamientos
que se vivieron en Barcelona durante la jornada de huelga del 29-M. Se trata de
que "la gente tenga más miedo al sistema", como dijo la semana
pasada el conceller de Interior de Catalunya, Felip Puig.
Sin embargo, los violentos no son el único objetivo de las
reformas que proponen los conservadores. Otra de sus propuestas es incluir como
delito de "atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa
grande". En clara referencia a las movilizaciones estudiantiles de
Valencia y el movimiento 15-M, con esta legislación podrían ser condenados por
atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones de los indignados,
que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la Delegación de Gobierno.
La participación en estas protestas no será el único acto
castigado. La reforma propuesta prevé que sea considerado "delito de
integración en organización criminal" difundir a través de Internet y
las redes sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren
gravemente el orden público", que podrían ser todas aquéllas que no hayan
sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la
Policía. Exactamente lo que pasó el 15 de mayo y los días posteriores en la
Puerta del Sol de Madrid.
España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa
Occidental y de los índices de criminalidad más bajos Además, se va a
introducir entre "las modalidades de acometimiento" (ataque violento
dirigido contra un policía) las amenazas y comportamientos intimidatorios o el
lanzamiento de objetos peligrosos.
Otra medida, que recoge Europa Press, es que se considerará
como agravante cuando las conductas violentas se produzcan en manifestaciones o
concentraciones y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en
los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a
los mismos. En este sentido, se ampliará la cuantía de los daños no sólo a los
que se produzcan en establecimientos, sino también a los que se deriven por la
interrupción de cualquier servicio público.
Pese a que el titular de Interior ha dicho que "no se
trata sólo de responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana
que cada vez proliferan más en nuestras calles, pero tampoco instalarnos
en el buenismo jurídico", España ya cuenta con Código Penal duro si se
compara con el resto de Europa.
De hecho, en la actualidad España tiene la mayor tasa de
presos de toda Europa Occidental. Por contra, los índices de criminalidad
están, por el momento, entre los más bajos.
Fuente: www.publico.es