En el año 2009 el entonces jefe de la campaña presidencial
de Sebastián Piñera, hoy ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, decidió
estudiar lo que él consideraba el exitoso modelo de marketing y
publicidad que La Polar estaba aplicando. Los segmentos a los que la
multitienda apuntaba eran los mismos donde se requería captar los votos para
que la derecha ganara las elecciones, es decir C3 y C4, los estratos
medios-bajos y bajos.
Varios años antes, Agustín Edwards del Río, el mayor de los
hijos del dueño de El Mercurio, había desarrollado un modelo parecido para
transformar al diario Las Ultimas Noticias en un “producto” orientado
hacia los estratos medios-bajos, casi el mismo público al que apuntaba La
Polar. Edwards y sus asesores eligieron a los habitantes de la comuna de La
Florida como referencia para aplicar la iniciativa. Tanto Hinzpeter como Edwards
del Río tuvieron éxito, pero con mensajes diferentes. El primero martilló con
el tema de la inseguridad y la delincuencia, prometiendo mano dura y el término
de “la puerta giratoria” en las cárceles; el segundo optó por la farándula y el
apego editorial a los programas más simplones de la televisión.
El caso de la educación muestra similitudes a estos dos
ejemplos. Desde la época de la dictadura militar y en especial desde 1990 en
adelante, lo que se ha ofrecido a los mismos grupos sociales a los que se dirige
La Polar y LUN es la ilusión de que pueden obtener una mejor
enseñanza -accediendo incluso a la universidad- a través de la iniciativa
privada. Y con ello, ser partícipes de los beneficios que para los exitosos
reserva el modelo neoliberal. Así, hoy se muestra a casi un 80% de los
estudiantes de todos los niveles matriculado en establecimientos privados. En
el caso de la enseñanza superior, de los 940 mil alumnos de universidades,
centros de formación técnica e institutos profesionales, 162 mil estudian en
planteles estatales, lo que equivale sólo a un 17%.
Marco Kremerman, economista de la Fundación SOL, afirmó en El
Mostrador que sumando las matrículas de la Universidad de las Américas,
Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar y el Instituto
Profesional AIEP, todos pertenecientes al consorcio internacional Laureate
Education Inc., se contabilizan 102.591 alumnos, y si se agrega al holding Corporación
Santo Tomás, controlado en 57% por el grupo económico Hurtado-Vicuña y el fondo
de inversión Linzor Capital, con 63.755 alumnos, los dos conglomerados privados
reúnen 166 mil estudiantes, más alumnos que todos los planteles estatales de
Chile.
La realidad escolar
En el actual sistema escolar coexisten cuatro modalidades de
establecimientos educacionales, según su dependencia y fuente de
financiamiento:
Municipal: en su mayoría establecimientos fiscales
traspasados a los municipios a principios de los 80 y que reciben subvención
estatal;
Particular subvencionado: creados en 1980 para desarrollar
la administración escolar y ser reconocidos como “cooperadores de la función
educativa del Estado”, con recursos provenientes de la subvención estatal y
cobros a los padres: financiamiento compartido;
Particular pagado: no reciben financiamiento del Estado y
son administrados de manera privada, financiados con el cobro de matrículas y
mensualidades; y,
Corporaciones educacionales de administración delegada:
enseñanza media técnico-profesional (TP), cuya administración fue traspasada
-en su mayoría- a gremios empresariales que reciben subvención del Estado.
En 2007, un año después de la “revolución de los pingüinos”,
en la Región Metropolitana había 2.764 establecimientos educacionales básicos y
medios, con una matrícula de 1.403.200 alumnos. Los técnicos profesionales eran
33 (1,19%) con una matrícula de 27.354 (1,94%); los municipales eran 753 (27,24
%) con 444.788 alumnos (31,93%); los particulares subvencionados llegaban a
1.653 (59,80%) con 781.887 alumnos (55,64%); y los privados eran 325 (11,76%)
con 151.171 alumnos (10.76%).
Los 1.653 establecimientos particulares subvencionados eran
administrados por 1.391 sostenedores, que jurídicamente se distribuían en un
40.4% de sociedades comerciales, 41,1% de personas naturales y 17,1% de
fundaciones, corporaciones y congregaciones.
La subvención entregada por el Estado consiste en un pago
por alumno calculado en la denominada Unidad de Subvención Escolar (USE), cuyo
monto difiere según sea el tipo de enseñanza (parvularia, básica, media,
adultos, etc.), nivel educacional, tipo de escuela (diurno, vespertino), región
geográfica y ruralidad. El monto de la subvención varía también si el
establecimiento tiene jornada escolar completa o no. El aporte mensual se calcula
sobre la base del promedio de asistencia efectiva de los alumnos en los últimos
tres meses. En 1993, con el propósito de aumentar los recursos escolares, el
gobierno generó un mecanismo para incentivar el aporte de las familias a la
educación de sus hijos, autorizando a los establecimientos de educación
particular subvencionada (básica y media) y a los liceos municipales para
cobrar una cuota mensual a los padres -el llamado financiamiento compartido-,
sin perder la subvención estatal o rebajándola porcentualmente. A nivel
nacional, el número de establecimientos particulares subvencionados creció en
un 71,9% entre 1990 y 2005, mientras las escuelas municipales disminuyeron en 3
por ciento y siguen bajando.
Entre las principales diferencias de la educación municipal
con el ámbito privado subvencionado destacan los vínculos laborales entre el
sostenedor y los profesores; en el caso del sector municipal, los profesores se
rigen por el Estatuto Docente, mientras en el sector particular la relación se
rige por el Código del Trabajo. Otra diferencia se da en la selección de
alumnos, que en el caso del sector público está prohibida, mientras el sector
privado la ha practicado desde su origen, pese a las restricciones introducidas
por la nueva Ley General de Educación, LEGE. Una tercera divergencia es la
posibilidad de los privados de adherir al sistema de financiamiento compartido,
tanto en enseñanza básica como en media, mientras que en la educación municipal
sólo es permitido para esta última. Y una cuarta diferencia es la mayor
facilidad que tienen los sostenedores para crear nuevas escuelas, versus las
restricciones que enfrenta el sector municipal, sin considerar que respecto al
sector particular subvencionado hay escasa información sobre los sostenedores.
Un nicho de negocios
El investigador Claudio Almonacid, doctor en educación de la
Universidad Católica, entre otros, ha afirmado que la ciudadanía desconoce
quiénes son los sostenedores: “Por ejemplo -dice- sabemos que un colegio puede
ser ‘de Iglesia’ o de inspiración católica, pero no quiénes efectivamente
administran o son dueños de ese colegio. Muchas veces, la Iglesia Católica -el
sostenedor privado actual más poderoso- se vincula a sociedades, fundaciones,
corporaciones o personas naturales a través de su proyecto educativo”.
Almonacid clasificó a los sostenedores en religiosos
(adscritos al credo católico, seguido de las iglesias evangélicas), sociales
(ligados a la beneficencia, fundaciones o empresas) y privados (desglosados en
particulares y en sociedades).
Desde los 90, hubo una expansión de sostenedores que no
provenían de los ámbitos educativos. Aparecieron ingenieros, abogados,
comerciantes, contadores y otros de múltiples oficios. Se había creado un nuevo
“nicho de negocios” y era una nueva oportunidad de conseguir ganancias. A
mediados de los 2000 ya existía una sobreoferta de colegios en comunas
“emergentes” como La Florida, Puente Alto, Peñalolén, Maipú y otras. Pero
en las zonas rurales aisladas la oferta era nula, a ningún sostenedor le
convenía abrir allí una escuela.
En 2007 cerca de la mitad de los sostenedores, es decir, 46%
de las personas naturales y 55% de los miembros de sociedades sostenedoras
participaba en sociedades comerciales, destacándose entre ellas las
educacionales, de comercio de productos, de transportes, de servicios
financieros y las inmobiliarias. Mientras muy pocas personas naturales
concurrían en más de tres sociedades comerciales (sólo el 5%), los socios de
sociedades sostenedoras figuraban frecuentemente en cuatro, cinco y hasta 17
sociedades (casi el 30%). (Al respecto, ver el estudio “Gubernamentalidad y
provisión educativa privada en Chile. Reflexiones a partir de la identificación
de la propiedad y dinámica de la oferta educativa privada en la Región Metropolitana”,
en http://www.opech.cl/inv/analisis/sostenedores_domeyko_final.pdf.).
En ese trabajo, los investigadores detectaron que existía
una concentración de la propiedad de los establecimientos bastante mayor a la
aparente. Se encontraron: a) Personas naturales sostenedoras que también
estaban en sociedades educacionales sostenedoras; b) Sociedades educacionales
sostenedoras distintas, cuyos socios eran los mismos o con pocas variaciones;
c) Sociedades educacionales sostenedoras distintas, compuestas cada una por una
familia, que compartían entre sí uno o más socios o constituían, en conjunto,
una sociedad mayor; d) Fundaciones y corporaciones educacionales sostenedoras
cuyos socios también figuraban en sociedades educacionales sostenedoras o en
otras fundaciones o corporaciones o redes de las mismas.
También observaron una tendencia de los sostenedores a
modificar su figura legal a lo largo del tiempo. Por ejemplo, convertir
sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas, personas
individuales en sociedades o empresas individuales de responsabilidad limitada,
o una tendencia a reemplazar las figuras jurídicas por fundaciones y
corporaciones. Tanto las sociedades anónimas como las fundaciones y
corporaciones invisibilizan a sus socios o participantes. Una fundación o
corporación, por otra parte, tiene la ventaja de no exponerse públicamente como
una organización cuyo fin es el lucro.
Licuando las ganancias
Roberto Molina Viveros, profesor de historia de la
educación, ha explicado que desde el siglo XIX hasta 1989, el título de
“sostenedor de establecimiento educacional” correspondía a un particular o una
sociedad sin fines de lucro que gastaban dinero para “sostener” un colegio. Era
un título digno y unos y otros colaboraban con la función educacional del
Estado, sosteniendo a su costa, colegios y escuelas. A cambio, recibían cierta
ayuda estatal para cubrir parte de los costos. Así, el sostenedor aportaba
fondos al sistema educacional y se le concedía, en tanto, la posibilidad de
tener una cierta influencia ideológica en los niños que formaba, aunque debía
ceñirse estrictamente a los planes y métodos establecidos por el Ministerio de
Educación, quien lo controlaba a través de inspectores.
Desde la dictadura militar y particularmente en los
gobiernos de la Concertación, el sostenedor pasó a ser sostenido por su o sus
colegios. No sólo no aporta dinero al sistema escolar, sino que saca dinero,
sea como utilidades o designándose director. Y si no tiene título pedagógico se
nombra gerente del colegio y se asigna una remuneración millonaria, con lo que
esos dineros pasan a ser “gastos operacionales” del colegio. También se usa
nombrar a toda la familia y amigos en cargos financiados con la subvención
estatal.
El profesor Molina Viveros agrega que otras fuentes de lucro
de los nuevos sostenedores son: captación de los fondos que el Mineduc entrega
para construcción de infraestructura o para adquisición de equipamiento
escolar; venta obligatoria a su mercado cautivo -alumnos y apoderados- de
uniformes, artículos escolares con logo, poleras, buzos de gimnasia, etc.;
captación de los aportes de sus centros de apoderados y centros de alumnos, los
que trabajan gratis para conseguir computadores, equipos audiovisuales,
materiales didácticos, laboratorios, reparación de infraestructura y otros
gastos que debieran asumir los sostenedores.
Un estudio efectuado por Dante Contreras, investigador del
Departamento de Economía de la Universidad de Chile, precisó que del total de
colegios subvencionados, un 60% obtiene ganancias, o sea lucra. Entre ellos
destacan la familia Hormazábal Calderón, dueña de 15 colegios H.C.
Libertadores; Filomena Narváez, propietaria de ocho establecimientos -con
nombre en inglés- avaluados en cinco mil millones de pesos y de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias de la Información; Víctor Aguilera, que posee varios
colegios, cinco de los cuales están en una fundación en la que dice no obtener
ganancias; y la familia Romo, donde entre padres, tíos, hijos y sobrinos suman
15 colegios dispersos entre Recoleta, Quilicura e Independencia.
En 2005, el Mineduc tenía apenas 38 inspectores para
fiscalizar los 2.357 colegios subvencionados en la Región Metropolitana. A lo
más, podían inspeccionarlos una vez al año. Así y todo, aquel año, a través de
multas y devoluciones de dinero, los sostenedores encausados debieron
reembolsar 1.165 millones de pesos.
Los métodos para cobrar irregularmente la subvención son
varios. Dado que la plata estatal se entrega en función de la efectiva
concurrencia de los niños a clases, una de las faltas más comunes es la
adulteración de libros de asistencia. Otra es la contratación de profesores sin
título o, derechamente, menos docentes de lo que se indica en la planta.
También hay una cantidad enorme de horas pagadas por el Estado por clases que
jamás se hicieron.
Un fiscalizador recuerda que en algunos años de la década
del 2000 en todo Chile se registraron dos millones de horas de clases pagadas y
no realizadas. Por hora de clase el Estado pagaba entonces 10.300 pesos, en
promedio. En los 90 los inspectores eran cerca de 400, pero la Ley de
Presupuesto puso obstáculos para llenar el cupo de un inspector que jubila o
muere.
En la captación de alumnos los sostenedores emplean técnicas
similares a las usadas por las grandes tiendas y el retail, donde la
apariencia es lo principal. Vistosas fachadas y engañosa publicidad seducen a
padres y apoderados que buscan una “buena” educación para sus hijos. La
realidad, sin embargo, suele ser diferente
por Manuel Salazar Salvo
publicado en “Punto Final”, edición Nº 740, 19 de agosto,
2011
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