Hasta que el terrorismo de Estado invadió el país, los miembros de la familia Paskvan eran prósperos productores avícolas con empresas en Santa Fe y Buenos Aires. Pero el 16 de mayo de 1980 las fuerzas policiales coparon la fábrica de alimento para mascotas de la localidad bonaerense de Roque Pérez. Si bien pudieron recuperar las tierras en democracia, de su empresa sólo quedaban deudas. Es por eso que Daniel Paskvan, único sobreviviente de la familia, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acaba de tomar su caso y notificarlo al país. A los Paskvan también les robaron las acciones de la empresa santafesina, que quedaron en manos de Héctor Francisco “Paco” Capozzolo y su hijo Enrique Capozzolo, ex suegro y ex marido de la ahora cuestionada vedette Graciela Alfano.
Los Paskvan tenían las acciones de la empresa Integraciones Avícolas Santafesinas SA en el Banco Torquinst, propiedad de los Capozzolo, quienes se las apropian y toman el control de su empresa, la desguazan y la venden. A su vez, Capozzolo era dueño de la marca de comida para animales Purina, el competidor directo de Paskvan, y tras quedarse con todo el mercado en Santa Fe, fueron por Buenos Aires, según reconstruyó Paskvan.
“Paco” Capozzolo, a través del presidente de su empresa, Pablo Girard, le pidió al general del Ejército René Ojeda que se pusiera en contacto con quien fuera el jefe de la Policía de Buenos Aires, Ovidio Richieri, para tomar la planta San Roque SRA. Esa planta quedó en manos del sobrino de Richieri, Patricio Gutiérrez Eguía.
A su vez, el general Ojeda era presidente de otra empresa asociada con Purina, todas del holding Árbol Solo. Ojeda, Girard y Capozzolo compartían oficinas ubicadas en la calle Mitre 559 de la Ciudad de Buenos Aires. “Paco” Capozzolo, además de ser el dueño de Purina y del Banco Torquinst, ejercía la presidencia del holding Árbol Solo.
“Todo quedó denunciado en el Juzgado Penal de Instrucción Nº 13 de la Capital Federal, del juez de instrucción José Luis Méndez Villafañe, y después pasa a sentencia al juez Rodolfo Madariaga. También denunciamos la apropiación de San Roque SRA, la otra empresa de Roque Pérez. Como resultado de esa investigación sólo nos devuelven las acciones de Roque Pérez, lo de Santa Fe se fue diluyendo y lo dimos por perdido”, cuenta resignado Daniel Paskvan a Tiempo Argentino.
A diferencia de las plantas fabriles de Santa Fe, Paskvan sí pudo recuperar la empresa bonaerense San Roque SCA en 1987. Sin embargo, apenas tomó el control le empezaron a caer los pedidos de quiebra por deudas que habían generado los apropiadores. “Por sobre cada metro de tierra debía miles de dólares”, sintetiza. “Desmantelaron galpones, silos, todo. Cuando me doy cuenta de la dimensión del saqueo y de la connivencia de los dos administradores judiciales que había nombrado el juez en mi empresa hago una denuncia por subversión económica en Azul y logro condena firme por la Cámara Federal de Mar del Plata a los dos administradores judiciales y a los contadores por apropiación.”
A partir de la sentencia que reconoció la apropiación de su empresa, Paskvan decidió demandar a la provincia de Buenos Aires para recuperar el dinero perdido por los siete años de ocupación. “Se logró condena en primera instancia en 2004. Pero siempre el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, con la excusa de defender los intereses de la provincia, nos negaba que la empresa hubiera sido usurpada.” Es por eso que inició juicio político al fiscal de Estado de la provincia. Sin embargo, hasta el momento, ese pedido no prosperó.
En 2006, Paskvan recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representado por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay. Tras cinco años, el 18 de agosto fue aceptado el trámite de su petición y se remitió la notificación a la República Argentina para que, en el plazo de 60 días, presente las observaciones por las violaciones a los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, a la propiedad privada, a la circulación y residencia, a la protección judicial y al daño al proyecto de vida.
Gimena Fuentes
